Al momento de establecer las leyes de ingresos y presupuesto de egresos de un estado o país, es cuando afloran las grandes diferencias entre los conservadores y los progresistas. En Chihuahua, la Gobernadora y la Administración Pública Estatal, uno de los últimos reductos del pasado cleptócrata, consideran que las cargas impositivas para el sostenimiento del gobierno deben recaer sobre las espaldas de los ciudadanos trabajadores y en favor de la "aristocracia del barrio".

El presupuesto y la ley de ingresos, aprobados por la mayoría de los diputados del congreso tiene tres elementos de exacción fiscal, discriminatorios de la población trabajadora.

En primer lugar, aumentan las cargas impositivas para los ciudadanos trabajadores, en servicios públicos, olvidando que el impuesto más importante que recibe la Hacienda Estatal proviene directamente de los miles de trabajadores que, a las 5 de la mañana, salen a las fábricas, producen, trabajan y pagan impuestos por todo lo que gastan. El impuesto más significativo es sobre nómina, deducido de manera indirecta de las prestaciones de los trabajadores.

En segundo lugar, a contrapelo, protegen a los grandes negocios con el pretexto de impulsar el desarrollo. Sin embargo, el avance de Chihuahua está ligado fundamentalmente a la inversión extranjera, la industria maquiladora y la exportación de productos agropecuarios. Por lo tanto, la protección a los dueños de los parques industriales y a los grandes propietarios del campo no impulsa ningún desarrollo chihuahuense, sino que simplemente beneficia a los amigos de quienes gobiernan, a la "aristocracia del barrio".

Como tercer punto, la ley de ingresos, en un exceso de arbitrariedad que reduce dramáticamente las defensas del contribuyente durante los procedimientos fiscales, llega al escándalo de cobrarles a los contribuyentes los gastos que se hagan por el tribunal para su localización, olvidando o siendo tan desconocedores que el procedimiento legal en México es gratuito. La impartición de la Ley es gratuita por disposición de la constitución. Esto realmente los acerca mucho más a Milei que a Gómez Morín.
Por otro lado, en cuanto al presupuesto de egresos específicamente, beneficio a los "muy pocos " y a los cleptócratas con estas aprobaciones presupuestales hechas para favorecer a la Gobernadora y sus amigos.

El presupuesto incluye una enorme partida de 336 millones de pesos para crear la Secretaría de la Gubernatura, donde un funcionario y un equipo de ayudantes van a sustituir a la Gobernadora en el cumplimiento de sus obligaciones incluso decisiones y mando operativo de sus secretarios de gobierno. Esto le deja el tiempo totalmente libre, que seguramente usará para seguir disfrutando del del permiso abierto e incondicional de hasta 21 días consecutivos y recurrente con goce de sueldo que el mismo congreso le aprobó para que pueda viajar sin necesidad de autorización ni avisar, ni informar sobre su ausencia. Mientras ella viaja, el secretario de la Gubernatura trabajará como Gobernador.

Además, en el presupuesto de servicios personales, inventó una nueva partida genérica para el pago de compensaciones a un grupo reducido de funcionarios. Se aprobó una enorme partida de pasajes aéreos y viáticos en el extranjero, comisiones a terceros y telefonía celular. El establecimiento de oficinas en El Paso Texas, Bruselas y Nueva York, y una partida importante para contratar servicios profesionales, científicos y técnicos, sin establecer a qué áreas se van a destinar esos recursos ni en qué proyectos se empleará ese personal, en todo esto se gastarán más de 750 millones de pesos. Recordemos que los grandes fraudes a la hacienda pública se hicieron usando partidas similares, abiertas y para conceptos imprecisos. Así fueron las acciones fraudulentas desde la SEDESOL en la época de Rosario Robles, "la estafa maestra" y múltiples fraudes durante el Gobierno de Peña Nieto, se justificaron mediante la contratación de profesionistas y universidades a los cuales se les encargó proyectos que nunca se realizaron, pero siempre se pagaron.

Se mantiene una partida de mil millones de pesos para sostener la construcción de la torre centinela, la cual, a pesar de haber recibido ya cerca de 2 mil millones de pesos, no ha podido iniciar la construcción, argumentando que el terreno seleccionado resultó inadecuado para resistir una carga tan pesada como es una torre de 18 pisos. Sin embargo, este es el tercer año que se le paga a Seguritech alrededor de mil millones de pesos por año. y se mantiene una partida enorme en el concepto de materiales y equipos menores de oficina y fotocopiado, que no es congruente con las cantidades que se les asignan. Ahí se van más de mil 300 millones de pesos.

También, se establece una partida importante de 119 millones de pesos para fortalecer la imagen del ejecutivo, evidentemente se trata de recursos que utilizará la Gobernadora para apoyar organizaciones de la sociedad civil amigables con ella y medios de comunicación durante las elecciones, ya que son partida de disposición libre y opcional. también se le autoriza a la gobernadora y 21 millones y medio de pesos para que contrate un equipo de información y de análisis político, algo que simplemente es dinero que se entregará a la mafia de intelectuales para que hagan estudios y estrategias de tipo electoral o proyectos que no se justifiquen ni sirvan para nada. que se paguen, pero no se reciban.
esas partidas de gasto son totalmente innecesarias, solo son útiles para desviar dinero público a favor de los amigos de la Gobernadora, para hacer pura propaganda electoral y para obtener información política.

Las partidas presupuestarias que realmente preocupan a los chihuahuenses, las asignaciones presupuestales de interés social para mejorar y apoyar a la ciudadanía en dificultades, para tener mejores condiciones de vida, son a las que les ponen obstáculos y rotundamente niegan. Ponen sus intereses personales por encima de los intereses públicos.

Estas son sus innumerables negativas, que ponen freno al desarrollo de Chihuahua:
El parlamento panista se negó a reasignar recursos a las solicitudes de presupuesto de interés poblacional. Negaron partidas nueva e incrementos en beneficio de las mujeres, niños y adolescentes, de las personas con discapacidad y a los sobrevivientes de los pueblos originarios. Esa cantidad es menos del 10% del presupuesto total, menos de lo que pagara de intereses por la deuda pública, acumulada por los tres últimos gobiernos del PRIAN.

Se negaron a establecer un apoyo con fertilizantes, pesticidas y agroquímicos indispensables para los trabajadores del campo en esta época de sequía. a mejorar la infraestructura en comunicaciones en el Noroeste del Estado, que es una gran superficie incomunicada y tomada por grupos delictivos que mandan a sangre y fuego, los causantes de la tragedia de las familias Le Barón, homicidios de funcionarios públicos y control político de algunas alcaldías.

Apoyar un programa para los adultos mayores que aún no califican para la pensión federal, programa que existía en el Gobierno de Javier Corral y fue cancelado. Se negó un programa de atención de niños y niñas y adolescentes a las clínicas y hospitales rurales, la asistencia social y educativa, la población indígena y las mujeres de los pueblos originarios en situación de violencia y a otorgar recursos para la mejora tecnológica y mecanización del campo para la gestión de riesgos del sector agropecuario en esta crisis provocada por la sequía.

El presupuesto 2024 de Chihuahua niega ayudas económicas al programa de apoyo a personas con discapacidad, para que pueda suscribirse un convenio con la federación que pueda otorgar una pensión de 3,100 pesos a los mayores de 29 y menores de 65 años, que en algunos casos viven en el abandono total del estado, y sobreviven de la solidaridad de sus pares que comparten sus escasos bienes entre ellos. Al igual, no autorizó apoyar a estudiantes indígenas para que alcancen un nivel de profesionalización.

Se negó Mejorar la Secretaría de Salud para atender a personas con problemas de salud mental y prevención del suicidio. el programa de donación y trasplante de órganos, fortalecer el organismo de pensiones civiles del Estado que se encuentra al borde de la quiebra y prácticamente destruido en la ciudad de Parral. Tampoco quiso establecer un equipo médico y su respectivo instrumental para la Secretaría de Seguridad Pública. Incluso se negó un incremento al apoyo para mujeres menores embarazadas, niñas y niños menores de seis años. Mejorar las instalaciones de los hospitales de Guadalupe y Calvo, Jiménez y Guerrero tampoco una mejora sustancial al presupuesto de la fiscalía de desaparición forzada y de derechos humanos.

Tampoco aceptaron mejorar los presupuestos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y las Universidades Tecnológicas. establecer una partida para el desarrollo y fomento del deporte, apoyar el programa de mejora del agua potable, drenaje y tratamiento para Ciudad Juárez. Todas esas partidas, que representarían mejoras a más de un millón de persona, sumaban un total de 3 mil millones aproximadamente, solo un poco más de las partidas inexplicables dentro de un presupuesto total de 100 mil millones de pesos.

Se le olvidó al congreso PanPrista,  incluir una partida específica para cumplir con la ley de participación del presupuesto participativo en el Estado. Esto sí es realmente importante, no como los absurdos a los que se autorizó. Eso es ver los intereses propios y los chihuahuenses, por los que gobierna, los deja en el olvido, en total abandono. Y así, con gran inconformidad, podemos decir que el presupuesto es para fortalecer a la cleptocracia chihuahuense, fomentar la corrupción y joder al jodido.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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